Salud: Las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023

Los efectores públicos de salud han manifestado una preocupación en torno a esta situación, los centros de salud y hospitales cada vez tienen más demanda

Las obras sociales, en especial las sindicales y las de estatales, se financian principalmente con aportes y contribuciones patronales calculados sobre los salarios en blanco. Cuando cae el empleo registrado, se reducen los aportantes; cuando los salarios pierden poder adquisitivo, cae la base de cálculo; y cuando suben los costos de medicamentos y prestaciones, el gasto crece más rápido que los ingresos.

En el sector privado, la pérdida de 235.000 puestos de trabajo registrados entre fines de 2025 y principios de 2026 dejó sin obra social a miles de familias, según el Instituto Argentina Grande (IAG). En paralelo, las cuotas de medicina prepaga acumularon un aumento del 460% en ese período, muy por encima de la inflación estimada en 320%, lo que aceleró bajas y migraciones al sistema público. Como resultado, la población que depende exclusivamente de hospitales y centros estatales pasó de 10,44 a 10,67 millones en apenas tres meses, un salto de 231.141 personas, un 2,2% más.

La CGT advirtió que la reforma laboral y el ajuste económico impactan de lleno en el sistema sindical de salud. La reducción de la contribución patronal del 6% al 5% implica, según el gremio, un desfinanciamiento directo de entre 679 y 700 millones de dólares anuales.

El IAG subraya que la consecuencia inmediata de esta dinámica es un sistema público cada vez más exigido, que debe absorber a más de un tercio de la población argentina en un contexto de crisis económica.

Menos empleo registrado implica menos aportantes y, por lo tanto, menos ingresos para las obras sociales. Los salarios licuados y los pagos no remunerativos reducen la base de cálculo y debilitan el financiamiento. Los costos de salud en alza, con medicamentos y prestaciones más caros, hacen que el gasto crezca más rápido que los ingresos. El resultado son obras sociales desfinanciadas, más afiliados que migran al sistema público y mayor presión sobre hospitales y centros estatales.