Bajo el concepto de «efecto copycat», el Gobierno Escolar busca neutralizar las amenazas de intimidación pública. Las medidas incluyen la prohibición de llevar mochilas y la responsabilidad civil de los padres por los costos de los operativos.
Mendoza. — La Dirección General de Escuelas (DGE) ha decidido dar un paso firme contra un fenómeno creciente que altera la paz en las aulas: las amenazas de atentados y retos virales. A través de un nuevo memorándum, el organismo estableció un Protocolo de Actuación ante Amenazas de Intimidación Pública, fundamentado en la psicología criminal y con un claro mensaje de «tolerancia cero».
El fenómeno del «Copycat»: Por qué no se suspenden las clases
El documento introduce un encuadre teórico clave: el efecto copycat (imitador). La DGE identifica que estas conductas —mensajes en baños o aulas— buscan notoriedad mediante el pánico. Por ello, el protocolo ordena la «Extinción de la Respuesta de Pánico».
A diferencia de años anteriores, la orden es tajante: la institución no debe paralizar su actividad. Según el texto, si la escuela se detiene, se refuerza la conducta del transgresor. La estrategia ahora es mantener la presencialidad bajo condiciones de «seguridad reforzada y trazabilidad absoluta».
Medidas drásticas: Sin mochilas y supervisión de baños
El protocolo detalla medidas operativas que cambian la dinámica diaria de las escuelas:
- Restricción de pertenencias: De manera excepcional, se puede disponer que los estudiantes asistan únicamente con carpeta y cartuchera, prohibiendo el ingreso con mochilas para mitigar riesgos de ingreso de objetos peligrosos.
- Inspección de celadores: El personal de limpieza deberá realizar revisiones exhaustivas de pupitres y sanitarios antes del inicio de la jornada.
- Presencia adulta permanente: Se establece una estrategia de acompañamiento en espacios comunes para garantizar que ningún estudiante permanezca sin supervisión en áreas donde puedan realizarse inscripciones o actos vandálicos.
La corresponsabilidad familiar y el peso de la ley
Uno de los puntos más sensibles de la normativa es el llamado a la corresponsabilidad familiar. La DGE no solo pide a los padres que supervisen las redes sociales y pertenencias de sus hijos, sino que advierte sobre las consecuencias legales.
El protocolo recuerda que estas acciones están tipificadas como «Intimidación Pública». En este sentido, la DGE anunció que impulsará acciones legales que incluyen la responsabilidad civil de los padres, quienes deberán afrontar los costos operativos (despliegue policial, bomberos, Defensa Civil) derivados de estas conductas disruptivas.
Comunicación estratégica: Evitar la viralización
Para frenar el efecto contagio, el protocolo prohíbe estrictamente al personal docente y no docente difundir las amenazas en sus redes sociales privadas. Además, se ordena que, ante el hallazgo de una amenaza, se registre la prueba para la justicia y luego se proceda a su eliminación física inmediata, evitando que el mensaje sea fotografiado por alumnos y viralizado, alimentando así el círculo de pánico.
