La salida del país del senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, con escala en territorio argentino, desató una fuerte tormenta política y judicial en el país.
Tres presentaciones judiciales elevadas en las últimas horas advierten que miembros del Poder Ejecutivo nacional habrían facilitado de manera activa el operativo de escape, solicitando que se investiguen las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
Las denuncias apuntan de forma directa al presidente Javier Milei, pero piden extender la investigación al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros integrantes de la administración central.
Las presentaciones ante la Justicia Federal señalan la comisión de múltiples delitos derivados del auxilio brindado al dirigente brasileño, quien afronta causas judiciales por lavado de dinero y otros fraudes en su país:
Encubrimiento agravado: Presunta protección o asistencia prestada a un prófugo de la justicia extranjera para evitar su juzgamiento.
Malversación y uso ilícito de recursos públicos: Desvío de logística, equipamiento y personal estatal para concretar una maniobra de traslado no oficial.
Facilitación de tránsito irregular: Posibles irregularidades en los controles migratorios y aduaneros en los pasos fronterizos de la Argentina para posibilitar el paso hacia el exterior.
Mientras en los pasillos de la Casa Rosada algunos sectores se atribuyen el resultado del operativo como un gesto hacia aliados políticos de la región, la postura formal del Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó y salió con documentación en regla y sin impedimentos legales vigentes registrables en los sistemas locales al momento de su tránsito.
En forma paralela a la causa judicial, bloques opositores en el Congreso impulsan pedidos de interpelación para que los ministros del gabinete concurran a dar explicaciones públicas sobre la presunta logística desplegada por la Secretaría de Inteligencia (SIDE), las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Migraciones.
