A través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Provincia unificó el régimen sancionatorio para frenar las mutilaciones de árboles. Las sanciones económicas van desde las 100 hasta las 15.000 Unidades Fiscales y aplican tanto a particulares como a empresas y municipios.
El Gobierno de Mendoza resolvió endurecer los controles e implementar un régimen único de fiscalización y sanciones para proteger el patrimonio forestal de la provincia. La medida busca penalizar con severidad la poda clandestina, el talado no autorizado y cualquier tipo de daño ocasionado a los ejemplares del arbolado público.
La normativa, amparada en la Ley Provincial de Arbolado Público, establece un esquema de multas que oscilan entre las 100 y las 15.000 Unidades Fiscales (UF), lo que equivale a montos de entre $60.000 y hasta $9.000.000 según la gravedad de la falta.
Las penalidades contemplan distintas gradualidades según el nivel de afectación del ejemplar: Faltas leves (de 100 a 500 UF): Aplicables a podas menores sin autorización o intervenciones estéticas no habilitadas que no comprometan la vida del árbol. Faltas graves (de 501 a 3.000 UF): Podas drásticas o mutilaciones que afecten la estructura y crecimiento del arbolado. Faltas muy graves (hasta 15.000 UF): Erradicación no autorizada, tala completa, envenenamiento o daños irreversibles que provoquen el secado del ejemplar.
Los municipios mantendrán la facultad plena para inspeccionar y sancionar de manera directa a los vecinos, comercios o frentistas que realicen intervenciones ilegales en las veredas, plazas o paseos locales.
En caso de incumplimiento por parte de empresas o contratistas, las autoridades podrán disponer la suspensión inmediata de las obras, la aplicación de las multas económicas correspondientes y la inhabilitación para operar.
