El Gobierno de Mendoza impulsa un nuevo endurecimiento en el régimen disciplinario del sistema penitenciario con un objetivo claro: que intentar ingresar un teléfono celular a los penales deje de salir gratis. La medida apunta de lleno a los familiares y allegados que actúan como cómplices en el intento de burlar los controles de seguridad.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial —en el marco de las políticas de seguridad lideradas por la cartera a cargo de Mercedes Rus— prevé un esquema sancionatorio específico para las visitas. Aquellas personas que sean descubiertas tratando de introducir dispositivos móviles, chips u otros elementos prohibidos no solo verán frustrado su ingreso, sino que se exponen a suspensiones temporales que van desde un par de semanas hasta la inhabilitación permanente para volver a ingresar al penal, «cerrándoles el portón» de forma prolongada o definitiva.
El endurecimiento de las penas administrativas surge para poner coto a las maniobras de contrabando interno dentro de las unidades carcelarias, una problemática potenciada tras casos resonantes que evidenciaron el uso indebido de la tecnología intramuros.
Para hacer efectiva esta fiscalización, el plan oficial contempla la instalación de escáneres de última generación en las unidades penitenciarias prioritarias de la provincia, optimizando la detección de elementos metálicos y tecnológicos ocultos entre las ropas o pertenencias de los visitantes.
Paralelamente, la modificación del régimen disciplinario (previsto en la Ley 8465) tipificará de manera taxativa la tenencia de teléfonos celulares y las conexiones clandestinas de internet o electricidad como faltas graves. Con estas herramientas legales, la provincia busca desactivar los circuitos de comunicación clandestinos y desbaratar el delito organizado que, en reiteradas ocasiones, opera y se coordina desde el interior de los establecimientos de detención.
