La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus resaltó que “se trata de un sistema que se autofinancia a través de la compactación de vehículos que no tienen un tercero que los reclame.
El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en el plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos de la provincia, Este lunes se publicó en el Boletín Oficial, la licitación pública para “la contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros”. Esta etapa está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales vigentes, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad.
Además, el plan contempla la descontaminación de las playas, cumpliendo con normativas ambientales, y la reasignación de más de 100 agentes que actualmente custodian estos espacios a tareas de patrullaje y control. Rus subrayó que “es muy importante, ya que es una licitación en donde el Estado no pone un peso; no hay recurso estatal involucrado. Esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros”.
La ministra enfatizó que “los policías son más de 100 efectivos que tenemos en las distintas playas custodiando bienes, en este caso, chatarra. Por eso digo que el personal policial debe estar destinado a custodiar personas y no chatarras. Esto es sumamente importante, ya que no solo se trata del personal policial, sino del desorden que los secuestros generan en cualquier lugar, incluyendo comisarías y la vía pública”.
El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos; es decir, el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Esto no trae ningún costo al Estado y además queda un resto para el estado de $219.681.000.
A su vez, la funcionaria aclaró que “el Estado no va a gastar esos 13.000 millones. Ese es un valor proyectado en función de la licitación, que incluye los costos de todo el plan integral de gestión. Todo esto lo asume un privado que se financiará con el producto de la compactación y lo que paga el infractor por el acarreo y el depósito, que hoy también es un costo que asume el infractor.”
Etapas del Plan
La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la Playa de Secuestros San Agustín, donde se destruyeron 540 vehículos “móviles policiales” que habían sido dados de baja y estaban juntando chatarra, generando contaminación y afectando el orden urbanístico.
La segunda etapa continúa con los 12.448 rodados judicializados que se encuentran en el lugar. A la fecha, ya se han compactado 2.220 toneladas de material ferroso, casi 8.600 vehículos, y se estima que antes de concluir el 2024 quede finalizada esta etapa. Se trata de los autos y motos incluidos en la Acordada 31.425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que pertenecen a causas vinculadas al Poder Judicial.
La tercera etapa comenzó en julio de este año tras la puesta en marcha de un proceso de ordenamiento y erradicación de secuestros y chatarra que se encontraban ubicados en la vía pública de los barrios y las diversas dependencias policiales de la provincia. Para ello, se acordó un plan de traslado a la Playa de Secuestro Marcelo Vignaud Ortiz, de San Martín. A la fecha, ya han sido trasladados 512 rodados que se encontraban en las veredas y calles públicas de Mendoza, cercanas a las comisarías y distintas dependencias.
En ese sentido, la ministra afirmó que la tercera etapa del plan integral tuvo que ver con un trabajo muy importante realizado por la dirección vial y la Policía de Mendoza. “Este esfuerzo se centró en erradicar de las comisarías numerosos secuestros que estaban allí desde hace mucho tiempo. Esto no solo complicaba la logística de la comisaría, sino que también afectaba a los vecinos y no era digno para el trabajo del personal que estaba en esas dependencias”.
El servicio incluye el transporte de los vehículos secuestrados a instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro, así como la gestión de autopartes, asegurando el tratamiento responsable de las piezas y residuos generados. La licitación para esta fase permitirá que el adjudicatario se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y depósito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario, y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos por la compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024.
El contexto de la sanción de la Ley 9556 de bienes y autopartes demandará más lugares para secuestros en infracción a la ley. El sistema estará regulado por un marco de licitación pública, asegurando la transparencia de todo el proceso.
En el Valle de Uco la playa de secuestro ubicada en la localidad de Zapata Tupungato tiene más de 990 (autos, camionetas y camiones), más de 3390 (motos y cuatriciclos); sin sumar los vehículos que se encuentran aún en las comisarías y subcomisarias de la región.
