La Dirección General de Escuelas (DGE) obliga a citaciones masivas y firma de compromisos para frenar la ola de intimidaciones que paralizan clases en la provincia.
Mendoza – En respuesta a la escalada de amenazas en escuelas primarias y secundarias, el Gobierno de Mendoza implementó medidas drásticas que responsabilizan directamente a las familias de los menores involucrados. A partir de ahora, los padres o tutores deberán asumir los costos económicos de los operativos policiales generados por falsas alarmas o incidentes similares.
La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la disposición de citaciones obligatorias y presenciales para el 100% de las familias de estudiantes de niveles Primario y Secundario. El objetivo es que los adultos firmen, antes del 6 de mayo, una notificación en la que asumen la responsabilidad civil por daños patrimoniales causados por sus hijos, incluyendo activaciones de protocolos de seguridad o intervenciones policiales.
Uno de los aspectos más controvertidos es el “deber de garantía”, que exige a los padres supervisar previamente las mochilas de los alumnos y su actividad en redes sociales como TikTok, WhatsApp e Instagram. Esto busca prevenir la portación de elementos peligrosos y la participación en retos virales que derivan en amenazas.
“No se trata solo de sanciones, sino de prevención en un contexto donde muchas intimidaciones nacen en entornos digitales”, enfatizaron desde el Gobierno provincial. La medida responde a un aumento reciente de incidentes que han obligado a suspender clases, evacuar edificios y desplegar fuerzas de seguridad en varios puntos de Mendoza.
En caso de inasistencia injustificada a las citaciones o negativa a firmar, las escuelas labrarán actas supletorias. Esto podría derivar en la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) por posible negligencia parental, con posible escalada a organismos de protección de derechos infantiles.
Con estas acciones, el foco se desplaza hacia el rol activo de las familias para contener una problemática que genera alarma en la comunidad educativa.
