El paquete de proyectos aprobados posiciona a Mendoza nuevamente en el mapa global de las inversiones mineras, con un foco central en la exploración de cobre, un mineral de alta demanda global para la transición energética.
La provincia de Mendoza alcanzó un hito clave en la reactivación de su actividad metalífera al contabilizar 65 proyectos de exploración aprobados e incorporar un estratégico emprendimiento de extracción de cobre que contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo emitió una contundente advertencia sobre el desarrollo del sector: remarcó que el volumen de proyectos aprobados y los incentivos fiscales no garantizan por sí solos el éxito de la actividad si no se consolidan la confianza de la comunidad, el cumplimiento estricto de las normas ambientales y una infraestructura adecuada para sostener el crecimiento.
La llegada del emprendimiento millonario al esquema del RIGI representa uno de los desembolsos de capital privado más importantes de los últimos años para la economía local, impulsando la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en las etapas de prospección y construcción.
Pese a los números alentadores, Cornejo fue categórico al señalar las condiciones indispensables para la viabilidad de la industria a largo plazo:
Licencia social y transparencia: El mandatario enfatizó que nada de esto será sostenible en el tiempo sin el consenso social de los mendocinos y controles ambientales rigurosos que garanticen el cuidado de los recursos hídricos.
Infraestructura y logística: Advirtió que se requiere un desarrollo paralelo en rutas, conectividad y provisión energética para que los proyectos pasen exitosamente de la fase de exploración a la producción efectiva.
Seguridad jurídica: Remarcó que los marcos normativos deben mantenerse firmes para evitar especulaciones y asegurar que los compromisos de inversión se concreten en los plazos establecidos.
Con esta postura, el Ejecutivo provincial busca equilibrar la atracción de capitales internacionales con una exigente supervisión estatal que responda a las demandas de la sociedad mendocina.
