El Senado convirtió en ley la iniciativa del Ejecutivo que busca acelerar los sumarios administrativos y reducir los plazos de investigación. La normativa incorpora herramientas digitales, audiencias virtuales y crea la figura del Responsable de Presentismo.
En una jornada clave para la gestión pública provincial, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes la reforma del Régimen General Disciplinario de la Administración Pública Provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca agilizar la investigación de faltas cometidas por empleados estatales y acortar de manera sustancial los tiempos de resolución de las causas.
El proyecto recibió 23 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención (del senador Martín Rostand, del PRO). Tras contar previamente con la aprobación de la Cámara de Diputados, la norma quedó definitivamente sancionada y fue derivada al Poder Ejecutivo para su promulgación. La legislación deroga la Ley 9.103 y establece un marco normativo enfocado en modernizar la Oficina General de Sumarios, redistribuir competencias disciplinarias e incorporar el uso masivo de herramientas tecnológicas.
Durante la defensa de la iniciativa, el senador oficialista Gustavo Soto remarcó la parálisis y la mora que padece el esquema actual: según los datos presentados en el recinto, apenas uno de cada cuatro hechos investigados por la Oficina General de Sumarios corresponde a situaciones iniciadas en 2025, mientras que el resto arrastra expedientes de años anteriores. Soto advirtió que esta dilación perjudica tanto a la administración como al propio agente estatal, quien suele permanecer años sometido a proceso sin definición.
En esa misma línea, la presidenta del bloque oficialista, Natacha Eisenchlas, subrayó que durante el último año el 60% de los sumarios concluyó con el sobreseimiento del investigado, argumento que utilizó para cuestionar las demoras de tres o cuatro años en casos que deberían resolverse en plazos breves.
Principales claves de la nueva ley
- Investigaciones de oficio e independencia: La Oficina General de Sumarios ganará autonomía técnica y podrá iniciar expedientes de oficio ante la detección de irregularidades, sin necesidad de esperar una denuncia formal de la repartición involucrada.
- Procesos 100% digitales: Se implementarán citaciones y notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y gestiones integradas mediante plataformas como Mendoza por Mí (MxM) y correo electrónico.
- Descentralización de faltas menores: Las faltas de menor gravedad serán tramitadas y resueltas directamente en las reparticiones de origen, permitiendo a la Oficina General de Sumarios concentrarse en los casos complejos o gravosos.
- Soluciones alternativas: Se prevén mecanismos alternativos para la finalización de procedimientos cuando la naturaleza del hecho lo permita, siempre que exista consentimiento expreso del trabajador y conformidad de la autoridad, resguardando el debido proceso.
Estricto control de asistencia y esquema sancionatorio
Un aspecto central de la reforma apunta al control del ausentismo, una problemática que explica cerca del 40% de los sumarios actuales. Cada organismo estatal deberá nombrar un Responsable Administrativo de Presentismo, con el encargo de monitorear los registros e informar a Recursos Humanos sobre inasistencias injustificadas que puedan derivar en cesantías.
Respecto de las sanciones, el régimen mantiene la escala habitual:
- Apercibimientos y suspensiones: Suspensiones de hasta 30 días corridos (las mayores a 15 días exigen sumario previo).
- Sanciones expulsivas: Cesantía y exoneración.
- Causales específicas: Se ajustan procedimientos abreviados y criterios de actuación ante inasistencias reiteradas, abandono de servicio, acumulación de sanciones y condenas judiciales firmes.
Tensión con la oposición y objeciones sindicales
El debate dejó en evidencia las diferencias políticas y gremiales. Los senadores Félix González (Fuerza Patria), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde) votaron en contra y cuestionaron que la ley pueda vulnerar derechos laborales o pasar por alto el ámbito de las paritarias.
Por su parte, referentes sindicales manifestaron su rechazo al texto y adelantaron que recurrirán a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que altera garantías de los trabajadores estatales. Con esta sanción, el Gobierno mendocino da un paso decisivo en la reestructuración del empleo público, a la espera de la firma del decreto que ponga en vigencia la nueva regulación.
