Milei y su equipo defienden el modelo como un paso hacia la «competitividad global», pero la oposición y sindicatos prometen resistencia
El Gobierno de Javier Milei avanza en su ambicioso plan de reforma laboral para 2026, con un eje controvertido: los «salarios dinámicos». Anunciada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, esta iniciativa busca modernizar el mercado laboral argentino desvinculando los aumentos salariales de la inflación y ligándolos directamente al rendimiento individual de cada trabajador y al desempeño de las empresas. El anuncio, realizado en el marco del 61º Coloquio de IDEA y en el contexto del Presupuesto 2026, genera un debate intenso entre oficialistas, gremios y especialistas.
Según Cordero, el sistema pretende «adecuar los convenios colectivos a la realidad de cada empresa y región», estableciendo una «exigencia mínima» basada en la «empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país». En la práctica, esto implica que los pisos salariales de los convenios pasarían a funcionar como «techos» de referencia, permitiendo a las firmas negociar sueldos por encima de ese mínimo solo si el trabajador demuestra mayor productividad. «El salario no debe estar atado a la inflación, sino al esfuerzo y el rendimiento», enfatizó el funcionario, argumentando que la medida reducirá costos laborales, fomentará el empleo formal y premiará el mérito individual.
El Gobierno ve en esta propuesta una herramienta para reactivar la economía post-elecciones del 26 de octubre, integrándola a cambios como convenios por empresa y la eliminación de sanciones a empleadores por incumplimientos. Cordero ratificó que el plan se trabaja desde hace dos meses y se impulsará con fuerza tras los comicios, como parte de una «modernización» que incluye flexibilización en paritarias y negociación individualizada.
Sin embargo, los gremios, liderados por la CGT, alertan sobre un «nivelamiento hacia abajo» de los derechos laborales. Organizaciones sindicales critican que transformar pisos en techos debilitaría la negociación colectiva, trasladando el riesgo económico del empleador al empleado y aumentando la desigualdad. «Esto es una flexibilización encubierta que podría deteriorar el poder adquisitivo en un contexto inflacionario», advierten fuentes de Infogremial y especialistas en derecho laboral, quienes temen evaluaciones subjetivas que sobreexijan a los trabajadores sin garantías.
El impacto podría ser profundo: en lugar de paritarias sectoriales con ajustes por inflación, los sueldos se definirían por productividad, lo que en un país con alta informalidad podría agravar la brecha entre empleados de alto y bajo rendimiento. Analistas señalan que, si se aprueba, afectaría a millones, especialmente en pymes, donde los recursos para medir «productividad» son limitados.
Milei y su equipo defienden el modelo como un paso hacia la «competitividad global», pero la oposición y sindicatos prometen resistencia. Con el Presupuesto 2026 en debate, esta reforma se perfila como uno de los tests más duros para el oficialismo.
