La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó una decisión categórica en el ámbito de la administración pública: cesanteó a un empleado de planta permanente tras constatar que acumuló 884 inasistencias injustificadas entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. La medida formalizó el cierre del sumario administrativo instruido contra el agente del organismo educativo y superó holgadamente los límites legales previstos para este tipo de faltas.
La sanción quedó sellada a través de la Resolución 6704, firmada el pasado 2 de octubre de 2026. La norma dispuso dar por concluido el procedimiento interno de investigación y aplicar la máxima sanción administrativa prevista para el caso, dejando al trabajador fuera de la planta del Estado provincial.
El expediente administrativo reveló un patrón continuo de ausentismo que dejó sin sustento la permanencia del agente en la repartición. La investigación sumarial determinó fehacientemente que el trabajador incumplió con su obligación primaria de prestar servicios, superando de manera drástica el mínimo legal de faltas sin justificar que habilita la desvinculación.
Durante el proceso se contempló el descargo presentado, pero las evidencias no dejaron margen para otra resolución. Tanto la Junta de Disciplina para el personal no docente como la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminaron de manera unánime y recomendaron la cesantía del agente, sugerencia que fue finalmente ratificada por la autoridad educativa provincial.
