La medida judicial es un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, que sigue eliminando controles y aplicando la motosierra
En las últimas horas, la Justicia dictaminó una suspensión cautelar frente a los despidos realizados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), frenando momentáneamente la salida de empleados pese al avance del Gobierno en las desvinculaciones. Esta decisión llegó tras el reclamo de sindicatos y trabajadores afectados, que denunciaron la falta de diálogo y garantizaron la defensa de los puestos laborales.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) es el organismo oficial encargado de fiscalizar y controlar toda la producción, circulación y comercialización de vinos y alcoholes vínicos en Argentina. Tiene como misión garantizar la genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas, además de administrar la denominación de origen y proteger los nombres geográficos vinculados al vino. También promueve la industria local y representa al país en organismos internacionales del sector.
En resumen, el INV asegura que el vino argentino que llega al consumidor sea auténtico y cumple con los estándares de calidad, resguardando así una parte clave de la identidad y economía nacional.
Martín Hinojosa, expresidente del INV, expresó su preocupación: “Los despidos y la desregulación ponen en riesgo la historia y la identidad del INV. Es un órgano fundamental para cuidar la calidad y la prestigiosa vigencia del vino argentino”. Además, Hinojosa criticó que estas medidas se toman sin consenso y aseguró que “la pérdida de personal calificado puede debilitar toda la cadena productiva y afectar al sector vitivinícola nacional”.
Con este panorama, el organismo y la Justicia entran en un compás de espera mientras se define el futuro laboral y institucional del INV.
