Según la resolución, el protocolo reglamentó derechos constitucionales y modificó leyes penales y procesales, vulnerando garantías básicas
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich. El fallo judicial determinó que el Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al regular y restringir el derecho constitucional a la protesta mediante una resolución administrativa, sin pasar por el Congreso ni respetar los procesos constitucionales.
Según la resolución, el protocolo no se limitó a ordenar el tránsito o dar instrucciones operativas a las fuerzas de seguridad. En cambio, “reglamentó derechos constitucionales y modificó leyes penales y procesales”, vulnerando garantías básicas como la libertad de expresión y de manifestación. El juez estableció límites claros al Poder Ejecutivo, afirmando que no puede restringir derechos por vía administrativa.
Amnistía Internacional Argentina celebró el fallo como “un triunfo colectivo”. La acción judicial fue presentada junto al CELS y otras organizaciones de derechos humanos para frenar el protocolo y prevenir represiones en protestas sociales. Se espera que la sentencia impacte directamente en la actuación de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.
