La abogada se incorporó formalmente al bloque PRO de la Cámara Baja tras la destitución de Ortiz por su condena en una causa de corrupción.
La toma de juramento estuvo a cargo de Andrés Lombardi, a quien la flamante legisladora había denunciado penalmente meses atrás por la demora en su asunción.
La Cámara de Diputados de Mendoza formalizó este miércoles la incorporación de María Belén Castillo al cuerpo legislativo, ocupando finalmente la banca que quedó vacante tras la expulsión de Janina Ortiz. Luego de que el recinto aprobara durante la sesión de tablas el dictamen emitido por la comisión de Derechos y Garantías, la flamante legisladora prestó juramento y se sumó a las filas del bloque PRO.
El acto institucional estuvo cargado de tensión política, ya que el encargado de tomarle juramento fue el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, funcionario a quien Castillo denunció meses atrás en la Justicia por haber dilatado su ingreso al recinto.
La banca en disputa permanecía vacía desde 2024, año en que Ortiz fue suspendida preventivamente. Sin embargo, el reemplazo recién pudo destrabarse tras la reciente condena de Ortiz en un juicio abreviado por corrupción, fallo que motivó su destitución definitiva por parte de la Legislatura y habilitó el corrimiento de la lista de candidatos suplentes proclamados en 2023. Castillo ocupaba el siguiente lugar en la nómina detrás de José Pedro Caviglia, quien falleció hace un año.
María Belén Castillo es abogada especialista en Derecho Penal y cuenta con una extensa trayectoria de militancia en el PRO, espacio desde el cual accedió a la boleta de diputados provinciales en las elecciones de 2023 de la mano de Omar De Marchi. Hasta su asunción, se desempeñaba como asesora del diputado nacional Álvaro Martínez, extitular del PRO mendocino actualmente alineado con La Libertad Avanza.
La llegada de Castillo a la Legislatura estuvo precedida por un fuerte enfrentamiento legal y político con las autoridades de la Cámara. En mayo de este año, la abogada denunció a Andrés Lombardi por abuso de autoridad, acusándolo de privar al electorado de su legítima representación parlamentaria al mantener el escaño sin ocupar.
En aquel entonces, Lombardi argumentó que no existía una vacante definitiva sino una suspensión temporal, lo que impedía legalmente el ingreso de un suplente. Por su parte, Castillo sostuvo en sus presentaciones judiciales —y en columnas de opinión donde también denunció presiones externas— que una suspensión por tiempo indeterminado vulneraba en los hechos la voluntad popular expresada en las urnas y recortaba la representación de la oposición en la Cámara Baja.
