La modificación de la Ley permitirá desarrollar minería en periglaciares con controles ambientales
Buenos Aires, 27 de febrero de 2026 – El Senado de la Nación concedió este jueves la media sanción a un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), impulsado por el oficialismo, que permite actividades mineras en áreas periglaciares no estratégicas bajo estrictos controles ambientales. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, generó un intenso debate entre bloques oficialista y opositores.
Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención , el proyecto liderado por el senador Alfredo De Angeli (PRO) modifica el artículo 6 de la ley original de 2010, excluyendo de la prohibición absoluta a los periglaciares —zonas adyacentes a glaciares que no acumulan hielo permanentemente—. La norma establece que estas áreas podrán destinarse a proyectos extractivos, siempre que pasen evaluaciones de impacto ambiental por el Ministerio de Ambiente y expertos independientes.
Defensores como el oficialismo y sectores productivos celebraron la medida como un “equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico”. “No se toca un solo glaciar; solo se habilita lo que la ciencia ya define como no esencial”, argumentó De Angeli durante la sesión. La reforma responde a demandas de la industria minera, que estima en miles de millones de dólares las reservas de litio y cobre en la Cordillera andina, clave para la transición energética global.
Sin embargo, ambientalistas y la oposición, liderados por el Frente de Todos y ecologistas independientes, denunciaron un “retroceso ecológico”. “Es un cheque en blanco para contaminar fuentes de agua dulce en un país con glaciares en retroceso por el cambio climático”, fustigó la senadora María Inés Pilatti Vergara. Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) convocaron protestas frente al Congreso, exigiendo el veto presidencial.
El proyecto incluye un Registro Nacional de Glaciares actualizado con tecnología satelital y sanciones más severas por incumplimientos, pero críticos advierten que la implementación dependerá de la voluntad política. En Diputados, donde el oficialismo tiene menos margen, el texto podría enfrentar modificaciones o rechazo. Mientras tanto, provincias mineras como San Juan y Catamarca aplauden la norma, que podría reactivar inversiones paralizadas desde 2010.
