Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del gobierno de Alfredo Cornejo.
El debate en torno al uso y la transparencia de la pauta publicitaria estatal volvió a ubicarse en el centro de la agenda política mendocina. Tras el envío a la Legislatura provincial del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, legisladores de la oposición y organizaciones ciudadanas advirtieron sobre los posibles efectos de las modificaciones propuestas para regular la rendición de estos fondos público-comunitarios.
El foco de la controversia radica en el artículo 56 del proyecto, el cual redefine el esquema de informes y justificativos que el Poder Ejecutivo debe presentar sobre el reparto de publicidad institucional. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y observatorios de transparencia local, el nuevo articulado podría generar limitaciones en la trazabilidad de los recursos. Entidades como la Fundación Nuestra Mendoza señalaron la necesidad de contar con mecanismos ágiles para verificar detalladamente las adjudicaciones dirigidas a empresas, medios y plataformas.
La discusión legislativa cobra relevancia tras los cuestionamientos acumulados durante el último período sobre el volumen y la asignación de las erogaciones en comunicación. Informes presentados por distintos espacios de oposición señalan que el presupuesto ejecutado durante los ejercicios 2025 y 2026 registró incrementos significativos respecto a la pauta acumulada en años anteriores. A ello se suma la petición enviada a los estamentos judiciales por la falta de respuesta sobre el acceso a expedientes detallados vinculados a la distribución de contrataciones de publicidad oficial.
Desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo argumentan que la actualización presupuestaria responde a la necesidad de adecuar los esquemas de contratación a nuevos formatos digitales, priorizar la eficiencia en los mensajes de gobierno y unificar criterios administrativos. Fuentes de Casa de Gobierno remarcan que las erogaciones cumplen con el marco normativo vigente y responden a la obligatoriedad del Estado de informar sus actos de gestión y campañas de bien público.
El articulado será tratado en las próximas semanas por las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas, donde la oposición ya anticipó que solicitará modificaciones para asegurar que la nómina de adjudicatarios siga siendo pública e integral.
