Se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales. Actualmente se están analizando más de 170 casos en toda la provincia.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó las tareas de control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas que entrega el Gobierno de la provincia y que están destinadas a vivienda única familiar. Por instrucción de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de profundizar los controles se detectaron irregularidades en la ocupación de las casas que, entre otras formas, se usaban para alquileres temporarios vía plataformas on line.
Este tipo de situaciones, o directamente la falta de ocupación de las viviendas desembocó en la desadjudicación de tres propiedades durante los últimos siete meses de este año y otras cinco van por el mismo camino en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
“Es importante que el Gobierno de Mendoza lleve adelante estas acciones básicamente porque hace a la equidad y ser justos, pero esto, adquiere un significado mayor cuando hablamos del acceso a la vivienda digna. Tan necesario para, junto con otros aspectos, tener una vida plena. Es tan alta la demanda de un techo digno, máximo en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos que impiden que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazados por gente que busca hacer un negocio o una diferencia».
Marité Badui
El fallo de la desadjudicación es siempre el último recurso al que apela el IPV luego de un largo proceso que va desde la verificación de residencia de los titulares, durante diferentes días y horarios, hasta notificaciones y emplazamientos para que los adjudicatarios puedan ejercer su derecho de defensa. Sobrepasadas estas instancias, se quita a los beneficiarios la asignación de las viviendas que no estén escrituradas.
Luego, las casas recuperadas mediante estos procesos se destinarán a familias con alto grado de vulnerabilidad según lo que determinen el IPV y el municipio correspondiente. Actualmente, el organismo evalúa otros 176 casos que se encuentran en diferentes estadios del proceso de desadjudicación.
“Durante muchos años, el foco estuvo puesto en que los titulares de las viviendas que entrega el IPV regularizaran sus deudas y ocuparan sus viviendas”, explicó Gustavo Cantero, presidente del organismo.
