La rápida viralización de las dos transmisiones en vivo alcanzó a sembrar alarma entre vecinos antes de que las autoridades pudieran aclarar lo sucedido
La Municipalidad de Tunuyán presentó una denuncia penal contra Patricio Civit, asesor del PRO vinculado al espacio político de Omar De Marchi y Esteban Allasino, por presunta intimidación pública. La acción judicial se originó después de que Civit difundiera en su cuenta personal de Facebook una versión de los hechos ocurridos el domingo 17 de mayo que, según la denuncia y la investigación policial, no coincide con la declaración oficial.
En dos transmisiones en vivo y un breve post —un video de apenas 17 segundos que se viralizó con rapidez— Civit aseguró que se estaban intentando usurpar viviendas del barrio Bordelongue y afirmó que “informan que hay inclusive tiroteos en la zona”. Minutos más tarde publicó un segundo video en el que ratificó su relato y describió cortes y desvíos en la Ruta 40, atribuidos a la presencia de preventores para evitar el paso de vehículos cerca de las supuestas usurpaciones.
Según la denuncia municipal, las declaraciones del asesor carecían de precisión sobre lo ocurrido y provocaron alarma social entre vecinos de la zona. Pese a que los videos fueron luego retirados por el propio usuario, la circulación previa generó confusión y angustia en la comunidad, por lo que la comuna solicitó que la Justicia investigue si los dichos constituyeron un delito de intimidación pública.
Qué ocurrió según la Policía
La reconstrucción oficial, difundida por la Policía y por el comisario Juan Ortubia, ubica los incidentes alrededor de las 18 del domingo, tras llamados al 911 que alertaron sobre inconvenientes en Callejón Santillán. Al llegar, los efectivos encontraron un grupo de personas en un asentamiento ubicado en inmediaciones del barrio Unión y Progreso, no dentro del barrio Bordelongue como se había insinuado en las redes.
Ortubia detalló que el primer llamado advertía que una persona no podía ingresar por Callejón Santillán y que, al intentar dialogar con las aproximadamente 15 personas presentes, la situación escaló y comenzaron agresiones contra el personal policial. Ante la violencia, se solicitó la intervención de cuerpos especiales para restablecer el orden y resguardar la integridad de efectivos y vecinos. El enfrentamiento derivó en agresiones con elementos contundentes; siete efectivos resultaron lesionados y nueve personas fueron aprehendidas. No se registraron fallecidos ni “tiroteos”, según subrayó el comisario, en respuesta a los rumores que circularon esa tarde y noche.
Diferencia entre versiones
La versión difundida por Civit —que hablaba de usurpaciones y tiroteos en Bordelongue— no coincide con la declaración policial que limita el episodio a un conflicto con agresiones físicas en un asentamiento cercano a Ruta 40 y Callejón Santillán. Esa discrepancia es el eje de la denuncia municipal, que busca determinar si la difusión de información no verificada configuró una conducta susceptible de sanción penal por generar alarma pública.
Estado del proceso
La presentación fue formalizada ante la Justicia y quedó a disposición de la Oficina Fiscal, que ahora deberá analizar los hechos y decidir si corresponde avanzar con medidas procesales contra el asesor. Desde la Policía informaron que, tras los incidentes, la zona permaneció tranquila y sin novedades.
Este caso reabre el debate sobre el impacto y la responsabilidad del uso de redes sociales por parte de funcionarios y referentes políticos al comunicar hechos sensibles sin la debida verificación, y sobre hasta qué punto esas comunicaciones pueden afectar la tranquilidad pública.
