Romano sostiene que es el último bastión ambientalista; y no les conviene que asuma la banca en San Carlos
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza le dio un golpe final a Marcelo Romano, exsenador provincial y único concejal electo por Provincias Unidas en San Carlos tras las elecciones del domingo. Tres días después del escrutinio, el tribunal rechazó un recurso de casación y ratificó una pena de 10 meses de prisión en suspenso, más 20 meses de inhabilitación para cargos públicos, por atentado a la autoridad agravado en 2019.
Con votos de Julio Gómez, Dalmiro Garay y Teresa Day, la Corte validó la sentencia del Juzgado Penal Colegiado N°1 en la causa P739.458/19. El incidente ocurrió el 11 de agosto de 2019: policías detuvieron a la hija de Romano por un llamado al 911 sobre conducción peligrosa en un Renault Clio. El entonces senador llegó en una Toyota Hilux, se identificó y amenazó: «Soy Marcelo Romano, ella es mi hija, soy senador e integrante de la bicameral de seguridad, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del ministro Venier, van a perder el trabajo». Ordenó a su hija irse, impidiendo el test de alcoholemia.
Gómez, en el voto principal, descartó prescripción, errores en pruebas y falta de protocolo: «La acción penal está vigente; los funcionarios no deben recibir condicionamientos de particulares». La Corte enfatizó que la intimidación bloqueó el procedimiento, validando testimonios policiales pese a alegatos de la defensa. Reservó el caso federal.
Romano, quien asumiría en mayo de 2026 como el único representante de su espacio –desdibujado en los comicios donde Cambia Mendoza-LLA arrasó–, denunció persecución del «cornejismo» a MDZ Online. «Soy el último bastión ambientalista; no les conviene que asuma en la banca, atenten contra negocios mineros en Mendoza», arremetió, acusando connivencia judicial con el gobernador Alfredo Cornejo, el procurador Alejandro Gullé y el fiscal Darío Tagua como «esbirro». Niega haber hablado con los agentes y alega amenazas a testigos: «Nunca hubo pruebas; el fallo sale ahora porque gané la banca». Apelará a la Corte Suprema nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso, con desafuero en 2020 y condena inicial en mayo de 2024 que lo dejó sin banca senatorial, complica la oposición ambiental en San Carlos, foco de debates mineros. Fuentes judiciales indican que la inhabilitación vigente podría impedir su juramento, a menos que prospere la apelación.
