Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la regulación general para el funcionamiento de las escuelas de verano en todo el territorio provincial.
La norma busca establecer exigencias estrictas de seguridad, personal a cargo y salubridad tanto para emprendimientos privados como para espacios públicos y municipales. El proyecto nació a raíz de la tragedia de febrero de 2025, cuando el niño Faustino Díaz Crimi falleció durante una actividad en una escuela de verano. La sesión contó con la presencia de sus padres, Diego y María José, cuyo reclamo de justicia fue determinante para impulsar la legislación.
La nueva normativa abarca a clubes, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y emprendimientos privados, creando un marco de fiscalización integral sin precedentes. Uno de sus ejes es la creación del Registro Provincial obligatorio, mediante el cual las instituciones deberán estar inscriptas en la nómina de la Ley Nº 6457. El listado estará disponible en la web oficial para que las familias consulten los predios habilitados, al tiempo que la documentación correspondiente deberá exhibirse de forma visible en la entrada de cada establecimiento.
En cuanto a las exigencias operativas y de personal, la ley estipula una estricta proporción de docentes por grupo, requiriendo para menores de 5 años un profesor de Educación Física matriculado y un auxiliar cada 15 niños. En el área de piletas se establece la presencia obligatoria de al menos un guardavidas registrado cada 50 concurrentes, sumado a la colocación de cerramientos perimetrales de protección. Asimismo, todo el equipo de trabajo deberá presentar certificado de antecedentes penales y acreditar capacitación obligatoria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y prevención de riesgos. Para culminar el esquema de resguardo, se exige una póliza de responsabilidad civil vigente y cobertura de emergencias médicas con servicio de traslado urgente bajo la modalidad de Área Protegida.
Aunque la sanción definitiva representa un avance fundamental en la protección de las infancias en la provincia, la ley no llegará a regir de forma plena para la presente temporada estival. Esto se debe a que la normativa fija un plazo de 180 días a partir de su publicación para reglamentar los trámites de adecuación, al mismo tiempo que invita formalmente a los municipios a adherir a sus disposiciones.
