Impulsado por las movilizaciones del sector y la inminente visita del Papa León XIV a la Argentina, el plenario de comisiones logró consensuar el despacho. La norma busca dar carácter definitivo a las prestaciones, fijar el monto de las pensiones y garantizar la compatibilidad con el empleo formal.
En una jornada marcada por intensos debates de comisión y la presión de organizaciones sociales, el Senado de la Nación dio un paso decisivo al firmar el despacho favorable del proyecto de Ley de Discapacidad. La iniciativa, que reúne los lineamientos centrales de la Ley de Emergencia impulsada originalmente por la oposición y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo 19 de noviembre, antes de la conclusión del período de sesiones ordinarias.
El avance legislativo se dio en el marco de un giro en la postura del oficialismo, motivado por los reclamos del colectivo y el impacto simbólico de la agenda de la próxima visita del papa León XIV al país, que incluye una parada en el Cottolengo de Claypole, una de las instituciones afectadas por el esquema actual.
Durante el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Desarrollo Humano —encabezadas por Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Unión por la Patria)—, la propuesta obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el Bloque Justicialista, el PRO, la UCR y espacios provinciales.
A pesar del consenso para emitir dictamen, el debate dejó expuestas diferencias respecto al alcance de la normativa:
- Posición de la oposición: Senadoras como Juliana Di Tullio y Alicia Kirchner remarcaron que decidieron acompañar el proyecto procedente de la Cámara baja —que obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones— para evitar que las personas con discapacidad queden sin marco regulatorio tras el vencimiento de la norma vigente el 31 de diciembre. Pese a calificar el texto como «perfectible», asumieron el compromiso de impulsar modificaciones en el futuro.
- Cuestionamientos sectoriales: La senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas) advirtió sobre la falta de compensaciones específicas para los prestadores y criticó la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y la Asignación Universal o Familiar por Hijo con Discapacidad, aunque la propuesta de introducir cambios en esta instancia no prosperó para evitar que el texto regrese a Diputados.
- Auditorías y defensas: En respuesta a los señalamientos de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sobre la necesidad de auditar las prestaciones, el despacho final incorpora mecanismos de auditoría permanente entre organismos oficiales para verificar datos, pero garantiza el derecho a la defensa previa y la continuidad provisoria de la prestación durante la revisión.
El proyecto institucionaliza el esquema de protección consagrado en la Ley 27.793, retirando la condición de transitoriedad para fijar un marco legal permanente. Entre sus puntos clave establece:
- Monto de las pensiones: La pensión por invalidez laboral o discapacidad —acreditada con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)— equivaldrá al 70% del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con actualización periódica.
- Compatibilidad laboral: Se consolida la compatibilidad del cobro de la pensión con el empleo registrado o el régimen de Monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Arancel unificado: Ratifica el arancel unificado previsto en la Ley 24.901, preservando el nomenclador único y la indexación automática de las prestaciones ajustada por el índice de movilidad jubilatoria atado a la inflación (IPC).
