A partir del próximo 1° de diciembre comenzará a regir formalmente el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las piezas centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
Presentado por el Ejecutivo como un esquema indispensable para incentivar la creación de empleo registrado, el mecanismo busca aliviar el impacto de los despidos en las empresas mediante un costo adicional cero para el sector privado. Sin embargo, la medida genera una creciente alerta por el fuerte drenaje que significará para los recursos de la Seguridad Social.
Un esquema a «costo cero» para las empresas
El FAL funciona como un fondo de capitalización al que los empleadores privados deberán aportar mensualmente un porcentaje de su masa salarial (entre el 1% y el 2,5% según el tamaño de la firma) para constituir una caja inembargable destinada al pago de indemnizaciones futuros.
A diferencia del proyecto original debatido durante la Ley Bases —que contemplaba una carga extra para el empleador—, la reglamentación final dispuso que el aporte al FAL se descuente en su totalidad de las contribuciones patronales ordinarias ingresadas a través del Formulario 931 de ARCA. De este modo, la empresa no sufre un incremento en sus costos laborales directos.
Preocupación por el desfinanciamiento de la Seguridad Social
Pese al entusiasmo oficial y el beneplácito del sector corporativo, especialistas tributarios y previsionales advierten sobre un impacto colateral de consideración. Al detraerse los recursos directamente de las alícuotas destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y al Fondo Nacional de Empleo, la medida resta ingresos genuinos a las arcas estatales.
Esta resignación fiscal para redireccionar fondos hacia cuentas privadas de las empresas abre un serio interrogante sobre la sustentabilidad futura del sistema previsional y la cobertura asistencial de la Seguridad Social, en un contexto de constantes tensiones presupuestarias.
