En una jornada parlamentaria marcada por intensas negociaciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La norma aprobada endurece los requisitos para las expropiaciones estatales, exigiendo una fundamentación estricta de utilidad pública y el pago previo de la indemnización a valor de mercado. A su vez, agiliza los trámites de desalojo de inmuebles ocupados e introduce un protocolo de contención habitacional de hasta diez días en casos donde existan menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, para destrabar el tratamiento de la norma y asegurar la votación en el recinto, el bloque oficialista debió ceder terreno y aceptar la reincorporación de la Ley de Tierras. En la votación en particular del articulado, se ratificó por amplia mayoría la anulación del artículo del DNU 70/2023 que la derogaba, restableciendo formalmente las restricciones y topes a la venta de campos y tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Tras las modificaciones introducidas en el articulado durante el debate en la Cámara Baja, el proyecto fue devuelto al Senado para su revisión final, donde el cuerpo legislativo deberá definir si convalida las reformas o insiste en la versión original.
