El acuerdo prevé formalizar las nuevas competencias que tendrá el COINCE para que inspectores puedan actuar ante infracciones por manejo inadecuado de residuos, mientras se avanza en la adecuación de normas que permitan aplicar sanciones a personas físicas.
El intendente Emir Andraos anunció hoy un convenio para reforzar los controles ambientales en el Valle de Uco y delegar nuevas facultades de fiscalización al consorcio intermunicipal COINCE, responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos. La firma busca dar “efectividad” a ordenanzas vigentes y optimizar recursos en la prevención y sanción de infracciones vinculadas a la basura y la contaminación.
“Nos pone felices ver a tanta gente, a tantos amigos de la prensa y compañeros de trabajo, de los equipos, sobre todo de Ambiente y de los municipios”, dijo Andraos durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes funcionarios locales, el intendente de San Carlos Alejandro Morillas, Gustavo Aquilera intendente de Tupungato y Gustavo Poleto, gerente del COINCE. El intendente recordó que el consorcio es un ejemplo a nivel nacional en la gestión de residuos de los tres departamentos y que la esta iniciativa surge de reuniones de trabajo en las que se determinó la necesidad de agudizar los controles sobre el manejo de la basura por parte de los vecinos.
Andraos explicó que, si bien el COINCE cuenta con potestades amparadas por ordenanza desde hace años, esas capacidades no se habían aplicado plenamente. “La intención es darle efectividad a ese compromiso que teníamos y que, a través de inspectores del consorcio, nos ayude en la gestión de control de todas las infracciones que se generan respecto a los residuos”, señaló.
El intendente relacionó la problemática de los residuos con la salud pública y la calidad de los espacios públicos: “El agua, el aire, los espacios públicos que visitamos o aprovechamos todos los días tienen sin duda una gran injerencia a la hora de aprovecharlos. No hay contaminación ambiental si no hay basura, botellas, bolsas, escombros o áridos”.
Andraos destacó que la medida también busca reducir gastos municipales. “Se nos va a ayudar a tener un mejor control, gastar menos dinero, menos recursos y avanzar en ese cambio conductual que necesitamos en la comunidad”, afirmó, y subrayó que se trata de un trabajo conjunto entre municipios, más allá de diferencias políticas.
Limitaciones legales y coordinación con la justicia
El jefe comunal recordó las limitaciones legales que enfrentan los municipios sin cartas orgánicas: “Nuestra capacidad de control se limita a inmuebles o comercios; no podemos multar a personas”. Por eso confirmó que se vienen manteniendo conversaciones con la Justicia y la jueza de Paz para aplicar un código contravencional que permita sancionar a quienes generen contaminación ambiental. “Hay un eslogan muy claro: aquello que contamina paga”, afirmó.
Andraos aclaró que la iniciativa no tiene un fin recaudatorio: “Simplemente ordenar y pedir a la comunidad que nos acompañe para poder mantener nuestros ambientes sanos y libres de contaminación”. Recordó además la importancia de la limpieza ambiental para la vida cotidiana de los 140.000–150.000 habitantes del departamento y para el posicionamiento del territorio como destino turístico. Tras su exposición, Andraos dio la palabra a los funcionarios presentes para que amplíen los detalles del acuerdo.
