Diputados de la Provincia otorgó sanción inicial a la “Ley macro” del Poder Ejecutivo por amplia mayoría de votos
La Cámara de Diputados de la Provincia otorgó sanción inicial a la “Ley macro” del Poder Ejecutivo por amplia mayoría de votos. La iniciativa, aprobada con 33 votos afirmativos, 8 negativos y 6 ausentes en la votación nominal, plantea un conjunto de reformas clave para modernizar la administración pública provincial, mejorar la eficiencia administrativa y crear un entorno más atractivo para la inversión.
El proyecto, que recibe este nombre por su alcance amplio y estructural, contempla cuatro ejes principales de transformación: la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos a la Inversión (RIMI), la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FPTyC), la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos y la liquidación de activos administrados por la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO).
Uno de los puntos más esperados por el sector empresarial es la adhesión al RIMI, el régimen nacional diseñado para promover inversiones productivas mediante incentivos fiscales a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME). En línea con la Ley nacional 27.802, el proyecto incorpora aportes del Poder Ejecutivo que amplían los beneficios impositivos a nivel local para quienes se adhieran al régimen, con una delimitación temporal clara de esos beneficios.
Según los considerandos del proyecto, esta medida busca “rectificar rumbos cuando sea pertinente y cerrar ciclos agotados”, al tiempo que la Provincia “se proyecta al futuro con cambios y ordenamientos indispensables para su mejor funcionamiento”. La adhesión al RIMI permitirá a las empresas locales acceder a incentivos que fortalecen su capacidad de inversión y crecimiento.
Refuncionalización del FPTyC: nuevo modelo de liquidación
En el caso del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FPTyC), la reforma introduce cambios significativos en las pautas de liquidación. La propuesta mantiene la figura del liquidador pero reformula y amplía sus facultades. El Ministerio de Hacienda y Finanzas asumirá la responsabilidad del proceso de liquidación y deberá designar un liquidador que contará con los recursos y facultades necesarios para llevar a cabo esta labor.
Durante el proceso de liquidación y supresión de la administradora provincial del FPTyC, se suspenden las obligaciones de remisión de informes y publicaciones que antes debían presentar. En su lugar, el liquidador deberá presentar un informe trimestral de avance ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas y ante la Legislatura, garantizando así mayor transparencia y seguimiento del proceso.
La propuesta también contempla la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, con una cláusula expresa que protege los fondos destinados a programas de salud. Según se manifiesta en el proyecto, la reorganización no exime el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso D del artículo 30 de la ley 8701, que garantiza la continuidad de los aportes para fines sanitarios.
Esta medida asegura que, aunque se realicen cambios en la estructura organizativa del instituto, el financiamiento de los programas de salud no se verá afectado, manteniendo el compromiso con el bienestar social de la población.
Modernización del Estado: el objetivo transversal de la “Ley macro”
Los considerandos del proyecto enfatizan que la “Ley macro” permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión”. La propuesta busca transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo para la inversión.
La adhesión a nuevos mecanismos de desarrollo y crecimiento, la corrección de rumbos y el cierre de ciclos agotados son los principios que guidan esta iniciativa. Según afirman los autores del proyecto, la Provincia necesita adecuarse a “mecanismos de desarrollo y crecimiento que están surgiendo en los nuevos tiempos económicos”.
