Para la CAME la reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, se refirió a las recomendaciones del FMI respecto de las reformas tributarias que debe encarar nuestro país.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó este lunes las recomendaciones de reforma tributaria difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 26 de mayo de 2026, y pidió focalizar los cambios en la estructura impositiva subnacional en lugar de trasladar la carga sobre asalariados, pequeños contribuyentes y el

El documento del FMI propone ampliar la base del Impuesto a las Ganancias —reduciendo el piso a partir del cual tributan los trabajadores—, extender el IVA a bienes y servicios hasta ahora exentos, y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías. Para CAME, esas medidas comparten un mismo resultado: son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos.
“Recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”, advirtió la entidad pyme, que sostuvo que las propuestas del organismo internacional no abordan los verdaderos problemas que frenan la inversión y el empleo formal en la Argentina.

El foco: tributación provincial y municipal
CAME señaló que el diagnóstico del FMI omite el peso de la tributación subnacional, donde reside, a su juicio, “el nudo fiscal más dañino para la actividad económica”. La entidad apuntó contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales —que deberían ser retributivas—, gravámenes que en conjunto representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa independientemente de su rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades efectivas, el IIBB opera en cascada en cada etapa de la cadena productiva, incrementando costos y distorsiones a lo largo del proceso de producción y comercialización, sostuvo la CAME.

La entidad alertó asimismo sobre el régimen de retenciones y percepciones que aplican las provincias, donde los agentes de retención descuentan montos al contribuyente antes de la declaración jurada mensual. Según CAME, esos anticipos suelen superar sistemáticamente el tributo que efectivamente correspondería, generando saldos a favor que el contribuyente no puede compensar plenamente y afectan la liquidez de las empresas.
Propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal para racionalizar la subnacionalidad

Frente a ese diagnóstico, CAME propuso la convocatoria urgente de un “Nuevo Consenso Fiscal” entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de llevar adelante una reforma estructural del sistema tributario subnacional. La entidad dejó en claro que el objetivo no debe ser una mera reducción nominal de alícuotas —facilmente reversibles por decreto— sino el establecimiento de reglas permanentes que armonicen bases imponibles, regímenes de retención y percepción, y mecanismos de devolución en todo el país.

Entre los ejes de la propuesta figura la eliminación del IIBB en las etapas intermedias de producción, reservando su aplicación a la venta final al consumidor, en un esquema similar al del IVA. CAME aseguró que esa medida no implicaría pérdida de recaudación provincial, sino un traslado de la base imponible hacia donde la carga resulta “económicamente razonable”, mejorando la competitividad sin afectar los recursos fiscales.
Mecanismo de ejecución: el Convenio Multilateral

La confederación planteó que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debe convertirse en el organismo ejecutor del Nuevo Consenso Fiscal, con facultades para homologar padrones de agentes de retención y percepción, validar coeficientes de distribución por actividad y fiscalizar plazos de devolución de saldos a favor por parte de las jurisdicciones. CAME subrayó que el Convenio Multilateral es el instrumento con legitimidad para coordinar la acción tributaria de las 24 jurisdicciones sin necesidad de reformas constitucionales.

Para la entidad pyme, gravar con mayor intensidad a los trabajadores mediante una ampliación de Ganancias no genera empleo ni reduce la informalidad, sino que contrae la demanda interna, erosiona el consumo y reduce las bases imponibles provinciales y municipales, alimentando un ciclo adverso para la actividad económica que, según CAME, la Argentina debe romper.